Hace tres días se publicó la noticia de que el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos políticos a la prestigiosa Senadora colombiana Piedad Córdoba, por supuesta promoción y colaboración con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Frente a una medida tan inusual y drástica, contra la titular de un cargo electivo de la más alta institución legislativa del Estado, ésta no tiene otra alternativa que recurrir ante el propio Procurador que engendró la medida.
Era lógico que tal arbitrariedad provocara un fuerte rechazo, expresado por las más diversas personalidades políticas, entre ellas, ex prisioneros de las FARC y familiares de los que fueron liberados por gestiones de la senadora, ex candidatos a la presidencia, personas que ocuparon ese alto cargo, otros que fueron, o son, senadores o miembros del poder legislativo.
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